miércoles, 22 de febrero de 2017

Si se provee de conformidad, no será justicia: preocupación por la denuncia de Triaca a los camaristas Marino y Arias Gibert

Como grupo de abogados comprometidos con la justicia, debemos hacernos eco de la vergonzosa noticia que demuestra a todas luces la arbitraria y temeraria intención del gobierno nacional de realizarles un juicio político a los camaristas Graciela Marino y Enrique Arias Gibert del fuero Laboral por el hecho de respaldar jurídicamente el pago del aumento a los empleados bancarios, acordado en paritarias por encima del techo del 18% propuesto por el Ministerio de Trabajo de la Nación, el cual haya su genesis y es fruto de una extensa y tediosa negociación en la sede de dicha repartición ministerial, encabezada por un lado por el dirigente sindical Sergio Palazzo y por el otro por el sector empresarial de la mentada actividad.

 
Cabe destacar, que esta situación se dá en el marco del conflicto salarial acaecido la semana pasada, en el cual se iba a llevar a cabo un paro de 72 horas como medida de protesta, frente al incumplimiento de la homologación administrativa del acuerdo salarial acordado en paritarias en noviembre del año pasado. 

 
La cifra acordada, a pesar de las presiones del ejecutivo es del 24,3% con un sueldo base que llegará a los $25.500, incluyéndose además, una “cláusula gatillo” para los meses de junio y octubre para que en el hipotético caso de que la inflación aumente por encima de esa cifra, se pueda ajustar automáticamente el salario de los activos. 

 
Frente a esta situación, el Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, acudió al Consejo de la Magistratura de la Nación para darle cauce al enjuiciamiento de los camaristas antes mencionados acusándolos de falta de idoneidad, mal desempeño, negligencia, falta de imparcialidad, arbitrariedad y quebrantamiento de los principios constitucionales. 

 
Esta situación da cuenta del terreno que, lamentablemente, las autoridades de la administración nacional vienen abonando desde hace un tiempo, un terreno hostil , de autoritarismo disciplinador y ejemplificador, frente a quienes no acaten/concuerden con sus “tácitas órdenes”.
A nuestro entender, y en detrimento del sistema de “Frenos y Contrapesos repúblicano” dicha incoación de juicio político a jueces independientes, trae inexorablemente una gravedad constitucional de ribetes incalculables, que, como facilmente se puede apreciar atenta contra el principio de la división de poderes. 

 
Es claro y atendible la implacable búsqueda de “amedrentamiento” a aquellos elementos del sistema judicial que fallen en favor de los trabajadores y en desmedro de aquellas errantes políticas tendientes a exacerbar un neoliberalismo economico que agiganta la ya natural brecha y relación asimetrica entre empleado y empleador.

 
Comprendemos que estas circunstancias no innovan en la atmosfera judicial imperante ya que el año pasado hemos sido testigos como sociedad de lo que ha ocurrido en otros fueros como por ejemplo con la Jueza Forns de San Martín o el Juez Arias de La Plata los cuales han tenido que correr con analoga suerte que los camaristas hoy injustamente atacados.

 
Pareciera ya que con este tipo de acciones, no importara “que es justo e injusto”, "que imponen las leyes y que no", solo se demuestra un desmesurado interés en imponer una pseudo “justicia” basándose en sus propios parámetros, en detrimento de los trabajadores y, (como venimos denunciando hace tiempo) flexibilizando de a poco las condiciones laborales.

 
Sin lugar a dudas, el derecho argentino está atravesando un deterioro nunca antes visto y una crisis “existencial”; dicho de otro modo el propio colega Dr Enrique Gibert afirmó que “en más de treinta años de ejercicio de la profesión jamás vió algo semejante, y que en caso de que el gobierno no dé marcha atrás con esta decisión, Argentina estará coexistiendo con una policía de pensamiento”.

 
Desde “Nace un Derecho” manifestamos nuestra máxima preocupación y repudiamos con toda la firmeza posible este descalabrado retroceso judicial, que avasalla en pleno con derechos y garantías constitucionales plasmadas en nuestra Constitución y sirve de ariete para atentar contra la independencia, el saber y el entender de los jueces de la Nación.

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