LOS ARGUMENTOS:
A grandes rasgos existen dos motivos explicitados en las "consideraciones" de los decretos arriba mencionados, de los cuales uno coincide con uno de los nuestros vertidos en la acción incoada en la justicia federal del fuero Contencioso Administrativo y otro muy interesante que ayuda a desentrampar con claridad la tropelía.
1) Menoscabo al pacto fiscal.
El art. 15 bis de la ley 25917, agregado por la 27428 en el año 2018 taxativamente impide el despliegue efectuado por la administración anterior al explicitar que (durante los dos últimos trimestres del fin de mandato): "estará prohibida cualquier disposición legal o administrativa excepcional que implique la donación o venta de activos fijos".
Para nuestro equipo no queda ningún tipo de dudas que aplicando positivamente la letra de la ley, no puede existir una enajenación en el lapso ocurrido (octubre/noviembre y diciembre de 2019), y fue uno de los puntos fuerte de nuestra demanda.
No obstante los decretos precitados incorporan un punto muy considerable a tener en cuenta:
2) El inciso 23ero del art. 8vo en el decreto 1382/12 (hoy derogado) del decreto fundacional de la AABE fue incorporado por DNU el día 29/10/2019 (ya con los resultados electorales puestos).
El mismo habilita un mecanismo complejo de entender desde la óptica del derecho, dada su deficitaria redacción, a "pagar con bienes" las deudas contraídas por el Poder Ejecutivo Nacional.
Esto se aleja descontroladamente de esquematizaciones lógicas del derecho, en dónde las leyes de estas características se presumen abstractas y generales, ya que claramente nos encontramos frente a un ardid adaptado y diseñado casi exclusivamente para subsanar cuestiones políticas partidarias. En otras palabras, una normativa moldeada exclusivamente con una intencionalidad pre-establecida.
Asimismo se habilitaba prácticamente a regalar los terrenos, ya que la "venta" se hacia a los precios de las tasaciones fiscales. No es necesario ser un gran broker inmobiliario para notar que aquellos son notoriamente inferiores a los valores venales que se nutren de otros elementos intangibles como el barrio, la posibilidad de construir en altura (notese que hemos denunciado por ejemplo el cambio de zonificación en el código urbanístico), etc que lo hacen crece considerablemente.
En otras palabras y para que sea bien conciso y directo: se malvendía a precio vil para hacer negocios inmobiliarios y favorecer a un partido político. Así de claro, así de espurio, así lo hemos denunciado y probado.
Este espanto legal desde toda órbita fue derogado por el decreto 145/2020 arriba citado.
Consideraciones rápidas a tener en cuenta
1) Estos dos decretos si bien ponen en crisis todo el mecanismo actuado por la anterior gestión, no anula ninguna venta.
2) El inciso 23, art. 8 del DNU 1282/12 suprimido debe entenderse, como toda normativa, con aplicación irretroactiva, es decir a futuro, por lo que va a ser difícil eliminar todo el daño al patrimonio fiscal y eventualmente para hacerlo habrá que resarcirlo a los privados adquirentes de buena fé.
3) El Ejecutivo le ordena a la AABE revisar la legalidad de todo lo actuado, debiendo dictaminar sobre las responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales de los funcionarios obrantes.
4) Este artilugio, como anticipáramos en el punto 2, puede originar (si es que ya no lo hizo) responsabilidad en cabeza del Estado Nacional (y este responde con el aporte de los/as contribuyentes), por los daños civiles que los principios de ejecución o la ejecución misma de los contratos de venta hayan generado, teniendo en cuenta a los adquirentes de tierras de buena fé.
5)Las acciones en la justicia siguen en pie, sabiendo que aparte de la nuestra caratulada "COSTA DIAZ, MARIA JULIETA Y OTROS C/ EN-AABE SE S/PROCESO DE CONOCIMIENTO" que tramita en el Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo N° 2 Sec. 3era a cargo del Dr. Esteban Furnari, también se encuentra en trámite una denuncia penal encarada por el Observatorio de la Ciudad (Expte 429/2020) la cual sigue su curso en el Juzgado federal en lo Correccional y Criminal n° 11.
Consideraciones finales: Lo venimos denunciando desde octubre de 2019.
Desde un principio, hemos manifestado en varias ocasiones que el hecho de injertar torpe y aparatosamente esta tentativa de normativa, que ni siquiera pueden ser comprendidas a la luz de la ciencia del derecho, en pos de dirimir cuestiones partidarias desde el propio estado nacional, no hace otra cosa mas que dañar a nuestras instituciones, Estado de Derecho y democracia.
Lisa y llanamente es un atropello legal.
Denunciarlo y ponerlo de manifiesto no obtura en nada el "desarrollo" de nuestra Ciudad, por el cual bregamos a diario. Estas transacciones sobre las tierras en general (y en particular el caso de Colegiales que seguimos de cerca), lejos de generar un mejor espacio público, hemos demostrado y denunciado que tenían como único fín pertrechar un oprobioso negocio inmobiliario, muy lejos de las competencias estatales como de las necesidades emergentes de una sociedad que al día de hoy sigue en emergencia.
También podés leer:
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Nace un Derecho: http://nace1derecho.blogspot.com/2019/12/venta-ilegal-de-tierras-nacionales.html
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Nueva Ciudad: https://www.nueva-ciudad.com.ar/notas/201912/42498-presentaron-un-amparo-contra-la-venta-de-tierras-publicas-en-colegiales.html
Nota en Radio Rebelde explicando punto por punto: https://radiocut.fm/radioshow/amor-es-mas-fuerte/
