Por Dra Bettina Fernandez
En la tarea diaria que nos concierne, de acompañar, asesorar y ayudar a quienes se encuentran socavados en sus derechos, nos anoticiamos, una vez más, de innumerables supuestos en los que el Gobierno de la Ciudad, ha negado conceder la vacante escolar a niños y adolescentes en las instituciones públicas de su ámbito.
En especial, en poblaciones colocadas en situación de vulnerabilidad en donde la opción de asistir a una institución privada se alza en mera utopía.
Con la triste y lamentable consecuencia de desterrar a aquellas, no solo de la educación que merecen, sino de un factible futuro laboral que atenúe o las excluya de la pobreza en la que obran insertas.
Y con la indignidad que aquella negativa conlleva al privar al menor de un ámbito social gratificante y enriquecedor con sus pares.
Así conocimos a Miriam, del barrio de Lugano, quien, desesperada y angustiada, nos contó que, pese a haber inscripto, allá por octubre del 2016, a su hijita Gabriela de siete años para ingresar al primer grado de primaria, el Gobierno de la Ciudad, sin fundamento ni motivo alguno, no le asignó vacante.
¡En ninguna institución! Tampoco lo hizo, pese a los insistentes y acuciantes reclamos que Miriam le formuló al Gobierno desde que se anotició de la fatal respuesta. Allá por noviembre del 2016.
Y pese a que le hizo saber de la tristeza que su hijita Gabriela tenía al saber que no comenzaría el tan esperado PRIMER GRADO, del que estaba ansiosa y orgullosa a la vez.
Pese a que el Gobierno supo que Gabriela estaba muy angustiada porque sus compañeritos de jardín ahora irían al Colegio a aprender, compartir, jugar mientras ella tendría que quedarse en casa, sin poder estrenar la tan preciada mochila fucsia que sus familiares le habían regalado con tanto esfuerzo.
Por cierto, Miriam no sabía que al Gobierno no le conmueven los sentimientos y emociones que nos acababa de relatar.
Pero a nosotros sí.
Y entonces, traduciendo las necesidades emocionales de esta niñita de tan solo 7 años en los derechos que el plexo jurídico le reconoce, la acompañamos al estrado judicial a fin de que la judicatura interviniente revierta la ilegalidad en la que el Gobierno había incurrido.
Dicho de otro modo, le transmitimos a Miriam que Gabriela tiene el derecho a la educación pública, estatal, laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida y hasta el nivel superior. Que es un derecho humano.
Derecho que no solo obra reconocido en la Constitución Nacional (art. 14°) y de la Ciudad (arts. 23° y 24°), sino, asimismo, en tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional (art. 75° inc. 22 CN; art. 12° de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; arts. 26.1 y 26.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; art. 13° del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; art. 28° de la Convención sobre los Derechos del Niño; art. 24° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros).
Y que luce ratificado en innumerables normas legales y reglamentarias, tanto nacionales (N° 26.206, 26.061, 26075, etc) como locales (114, etc).
Que por tanto, el Gobierno de la Ciudad no ha debido negar la vacante escolar a Gabriela. Porque todas esas normas le imponen la obligación de concedérsela. Que dicha obligación es imperiosa. Que no debe soslayarla.
Así, Miriam aceptó nuestro apoyo y, en el marco del amparo que interpusimos, a Gabriela se le concedió la vacante.
Fue tanta la alegría y emoción que esta niñita tenía al anoticiarse de que podría cumplir su anhelo del PRIMER GRADO, que, conforme nos contó Miriam, no quería dormir a la noche por temor a que se le pase el horario de ir al colegio por la mañana.
Lamentablemente, el caso de Gabriela es uno entre miles.
Así, y por citar solo algunos, al igual que a Gabriela, ayudamos a Elio al que se le había denegado la vacante en primer año de secundaria; a Maia, Mayte, Ignacio y Lautaro a quienes se les había denegado la vacante en el nivel inicial.
Hoy todos están en el colegio.
Pero hay tantos otros que, muy a nuestro pesar, dada la limitación de recursos humanos con que contamos, no hemos podido ayudar.
Es que, si bien el gobierno de la Ciudad no ha dado respuesta de cuantos pedidos de vacantes escolares han quedado en lista de espera durante el 2017, ya en el 2016, se constató un faltante de 10.000 aproximadamente.
Para concluir. A más de ofrecer nuestra ayuda en casos como el de Gabriela, Elio, Maia, Mayte, Ignacio, Lautaro y tantos otros, es intención nuestra subrayar que, a más de la solidaridad y humanidad que debieran guiar el proceder del Gobierno de la Ciudad, el ordenamiento jurídico reconoce el derecho humano a la educación gratuita, laica y estatal imponiendo, en consecuencia, la obligación estatal de garantizar un servicio educativo que se erige en esencial, social.
Servicio que, constituye una prestación, ineludible, prioritaria e impostergable a garantizar por el Gobierno.
Un devenir contrario al debido, es sabido, hace incurrir al Estado en responsabilidad, incluso internacional.
Lo cual supone, y esto es lo preocupante y en abundantes casos, quizás irremediable, la afectación y destierro de la vida digna de los niños que precisaron y necesitaron de ese servicio omitido.
