Incoamos la acción de amparo en nombre de la comunidad educativa de la villa 31, obligada por la fuerza a trasladarse a un galpón inhóspito e "inhabilitable" siendo que la misma tenía una propuesta superadora la cual, con arrogancia y soberbia NUNCA FUE TENIDA EN CUENTA.
En ese marco se celebró una "inspección ocular" in situ entre funcionarios del Gobierno de la Ciudad, el juzgado y las amparistas con este grupo de abogados. En la misma pudimos entre muchas otras cosas corroborar la poca capacidad lumínica de las instalaciones, entre otros graves deficits estructurales táles como la falta de planificación de un plan de evacuación, la nula ventilación, la increíble falta de espacios al aire libre como así también de previsión para los alumnos que viven lejos, además del inaccesible entorno para el acceso a la misma.
A la par de eso y de manera intempestiva obteníamos una INJUSTIFICADA demolición que impidió a la postre continuar con propuestas superadoras. Es decir, mientras proponíamos el dialogo, se nos enviaban las topadoras:
El Dr Pablo Mantaras, titular del Juzgado N°3 del fuero contencioso y administrativo porteño (a cargo en ese momento), le dió (en gran proporción) a la comunidad la razón: el galpón así como estaba no se podía habilitar y extendió una resolución que si bien no satisfacía de lleno nuestras pretensiones obligaba y encomendaba en gran parte un trabajo arduo sin descanso por parte de las autoridades administrativas con la previsión de aplicación de multas para los de más alto rango en caso de no cumplirse.
Pasó el tiempo. Esperamos prudentemente. Realizamos declaraciones responsables en la prensa. Dijimos que no creíamos que eso iba a suceder. Y hoy el tiempo impiadosamente nos da la razón: las clases no comenzaron ni comenzarán para los estudiantes y trabajadores de la Villa 31.
No es una cuestión ultra técnica y jurídica aunque hemos hecho las respectivas presentaciones en sede judicial con los analisis correspondientes, entendiendo que el sentido común opera como motor racional: tiraron abajo una escuela sin habilitación legal para ello y no llegaron a construir una que ni siquiera es habilitable y frente a eso nos cuestionamos: ¿QUE RESPUESTA PUEDE BRINDAR EL GOBIERNO FRENTE A ESTO?: la única posible, pagar las astreintes (multas ordenadas por el juez Mántaras) hasta que ello ocurra.
La última visita:
En estos últimos días parte de la comunidad realizó la visita correspondiente, y como se ve en las fotos la escuela "inhabilitable" sigue en este pauperrimo estado, inclusive pareciera que sigue funcionando allí un local comercial automotor del ministro Dietrich:
La resolución completa incumplida por el GCBA:
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