martes, 19 de septiembre de 2017

Nos presentamos frente al Ministro del Interior de la Nación: “Queremos que gane la democracia”.

Sabido es que el conteo provisional de los resultados de las elecciones en nuestro paìs, conocido como escrutinio provisorio, obra en manos exclusivas del Poder Ejecutivo Nacional.
Que el mismo se lleva a cabo sin participación alguna de la justicia nacional electoral. Ni en su diseño, planificación, organización, procesamiento, cómputo, ni difusión de los resultados. Tampoco en la contratación de terceros a esos efectos.
Y conocido es, asimismo, que “Si bien (…) el conteo provisional de los resultados de la elección (…) constituye un mero elemento publicitario, carente de relevancia jurídica y, por tanto, inhábil para poner en tela de juicio la validez de los comicios o de sus resultados, es sabido que tiene por finalidad satisfacer el reclamo de la opinión pública de conocer resultados de la elección con la mayor inmediatez, aunque éstos no sean definitivos” (Acordada Extraordinaria de la Cámara Nacional Electoral, CNE Nº49).
En suma, es harto probada la manifiesta trascendencia y consecuencias que la difusión de los resultados provisorios genera en la formación de la opinión pública.
Muestra y causa de lo cual lo constituyen los requisitos y condiciones mínimas que, en pos de que dicha opinión goce de un sustento lo más cercano a la realidad posible, ha exigido, en modo reiterado, la Càmara Nacional Electoral (Acordadas Extraordinarias Nº 1, 2 y 3 del 2017, entre otras).
Requisitos que, a su pesar, fueron desoídos por el Poder Ejecutivo Nacional, cercenando la transparencia del proceso electoral en cita conforme han dado cuenta los hechos acaecidos en el llevado a cabo el 13 de agosto del corriente.
Cual ha ilustrado respecto de una carga de los resultados del escrutinio distante de la homogeneidad y representatividad debidas.
Proceso, que, asimismo, en soslayo de las recomendaciones formuladas por la justicia nacional electoral, se ha puesto en manos de terceros contratados con cuestionados antecedentes y a resultas de procedimientos de dubitable transparencia e imparcialidad.
Por ello, para destierro de las pràcticas predichas, desde Nace un Derecho, queremos subrayar la imperiosa necesidad de que el conteo provisional se integre como una fase más del proceso que ha de dirigir la justicia nacional electoral. Alejada de la órbita del Poder Ejecutivo Nacional y, en consecuencia, de cualquier eventual interés político partidario.
Sin su perjuicio, e inmersos en el contexto de lo acaecido en las ya citadas elecciones Primarias, Abiertas, Simultàneas y Obligatorias (PASO) y en ejercicio del control ciudadano que nos compete para desde nuestra humilde labor, coadyuvar a reforzar la transparencia y seguridad de la genuina expresión de la voluntad del electorado en los comicios y, por ende, del mandato político que de èste se deriva, es que hemos requerido al Poder Ejecutivo Nacional informe y haga públicas las contrataciones que ha celebrado al efecto de auditar el escrutinio provisorio desarrollado.
Es que, habiéndonos anoticiado por virtud de diversos medios de comunicación respecto de la contratación del predicado servicio de parte de terceros sospechados de parcialidad, incompatibilidad y/o en conflicto de intereses con el Estado hemos advertido, de nuestra parte, toda carencia de publicidad alguna respecto de la supuesta contratación en comento.
Ello, en destierro del deber de publicidad que el Gobierno ha de concretar respecto de todos sus actos conforme normativa constitucional, compromisos internacionales obligatoriamente asumidos y tratados de derechos humanos.
Ningún antecedente del eventual contratista, ningún dato que permita identificar la contratación aludida, ningún dato sobre el valor abonado, respecto del procedimiento de selección arbitrado, trabajo realizado, ni absolutamente nada ha sido publicado ni dado a conocer a la sociedad en medio alguno.
Socavando el marco jurídico vigente y el derecho que le compete a todos los ciudadanos de conocer todos los actos de gobierno, asì como de conocer a dònde se destinan los fondos del Estado, con què finalidad y resultado.
Solo queda por esperar que el Gobierno se aparte de la anomia en la que se insertò y brinde la informaciòn peticionada.
A resultas de lo cual, Nace un Derecho habrá de proseguir, de ser el caso, con las acciones pertinentes que correspondan en resguardo de la juridicidad; para garantizar el derecho de todos a la transparencia e imparcialidad en los procesos electorales; asì como en procura de transparentar el manejo de los recursos públicos que los habitantes contribuimos a conformar exigiendo que se destinen a la satisfacción de las necesidades humanas –en especial de los màs vulnerables- y no a fines espurios. 
 

 

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