sábado, 3 de noviembre de 2018

VILLA 31: TOPADORAS, AMENAZAS Y UNA MEDIDA CAUTELAR AUN SIN RESPUESTAS



El día viernes 2 de Noviembre del corriente, los y las  habitantes de la Villa 31 se hicieron presentes en el Juzgado 4 del fuero Contencioso y administrativo de la Ciudad a cargo de la Dra. Elena Liberatori, para reclamar  en el marco de los autos “Guanco, Hector Rene y otros c/GCBA s/amparo”, (Expte N° 35840-2018) la urgente y necesaria intervención de su señoría.





Un equipo jurídico de la Asociación Civil Nace un Derecho, dentro del Frente de Abogados Populares, encabezado por las Dras. Gabriela Claudia Vestel y Noelia Lezcano  presentó un recurso amparo el día 14 de septiembre de 2018 con la firma de 144 habitantes del barrio, siendo que hasta la fecha la justicia no se ha expedido al respecto de la medida cautelar solicitada en él, aunque si bien se ha fijado audiencia para el próximo 15 de noviembre del presente año.

Como decíamos, dentro del marco amparo se solicitó una MEDIDA CAUTELAR URGENTE de no innovar,  hasta tanto se resuelva la mencionada acción, para que se suspenda en consecuencia todo aquel despliegue antirreglamentario.

Además, los habitantes reclaman su vulnerado y genuino derecho a la información y a la participación vecinal en la toma de decisiones que los afectan directamente.
Entre otras graves circunstancias el G.C.B.A. ha procedido a bloquear a la vez los diferentes accesos alternativos al Barrio lo que hace inaccesible el ingreso de bomberos y ambulancias debiendo a la fecha lamentarse 6 víctimas fatales en incendios por esa circunstancia.



Cabe destacar que la Villa 31 se encuentra ubicada en la zona de Retiro, siendo ésta una de las más codiciadas por ambiciosos sectores del mercado, y resulta ser a la postre una maldición para sus vecinos quienes se encuentran a merced de la rapiña de los emprendimientos inmobiliarios que quieren desembarcar en la zona, bajo el disfraz de la "reurbanización" y con un discurso new age, que se descubre sin mayores esfuerzos tras el maquillaje.

Los ciudadanos se encuentran con que deben intempestivamente abandonar sus viviendas bajo sendas amenazas. Así lo declara en una entrevista televisiva Valeria Ibarra a quien intimidaron con quitarle a sus hijos si no se "relocalizaba". Lo cierto es que en este año el gobierno del supuesto diálogo se ha vuelto cada vez más sordo y no quiere ni recibir a la mesa que representa a los vecinos.

Al mejor estilo "Cachiatore", el GCBA entra intempestivamente a la Villa 31 con topadoras y destruyen las viviendas, incluso hallándose en ellas niños en si interior, tal como ocurrió con el caso de una de las vecinas el día miércoles 31 de octubre de este año y en horario nocturno. Esto puede apreciarse con claridad en el video registrado por los vecinos y las vecinas, donde una de las  tres personas del G.C.B.A., uno de ellos Nicolás Balzarini, funcionario de la Secretaría de Integración Social y Urbana del G.C.B.A., intentan tres a uno, que la Sra. Arriola se "relocalice a como dé lugar".  En esa ocasión y a pesar del supino susto solicitó  ayuda a sus vecinos, quienes pudieron intervenir oportunamente y así frenar la ilegal situación.



Por las noches según declaran e informan los y las habitantes de la Villa 31 muchos vecinos y vecinas  son coaccionados para que abandonen sus viviendas o les "arman" causas judiciales o simplemente los hostigan con despedirlos de sus trabajos en las cooperativas manejadas por los punteros políticos de Cambiemos.

Uno de los momentos desgarradores del CD que se encuentra ahora en manos de la Jueza Liberatori es cuando las topadoras sin medidas de seguridad ni salubridad adecuadas arrasan con las viviendas, tal como ocurriera el pasado 29 de octubre dejando a su paso una perniciosa destrucción. La funcionaria Kenia Correa González se encuentra grabada en un audio admitiendo que no tienen órdenes de demolición y sin embargo lo hacen.

Queda claro que producto del desproporcionado accionar del G.C.B.A. se encuentran vulnerados los derechos humanos de los y las  habitantes de la Villa 31, muchos de los cuales son menores de edad, y es debido a esto que a nuestro entender, debe tomar urgente intervención la Asesora Tutelar y la mentada jueza, debido a que sin lugar a dudas alguien debe ponerle un coto al accionar ilegal del ejecutivo, siendo que de otra manera los funcionarios totalmente desbocados, seguirán generando continuas situaciones de violencia institucional, que de ninguna forma auguran un preciado final feliz.
No obstante de aquí al 15 de noviembre, fecha en la que se llevará a cabo la próxima audiencia, la pregunta que nos hacemos es: ¿Cuantas topadoras más dejaran sin vivienda a los y las habitantes?

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