Hace poco más de un año presentábamos junto a vecinos y al juntista de la Comuna 8 Facundo Roma una acción de amparo tendiente a frenar una obra que intempestivamente había comenzado a llevar a cabo el Gobierno de la Ciudad, sin consultarle a los vecinos y vecinas, contrariando entonces al mismísimo Código urbanístico (Ley 5666) en el Parque de las Victorias de Villa Lugano y a la ley 2930 y a la propia Constitución de la Ciudad.
La Obra
Para nosotros es loable el propósito de la mencionada obra: un club de suboficiales para la recientemente creada Policia de la Ciudad. Verdaderamente creemos que son loables los fundamentos para emplazar dichas instalaciones. El problema legal resultó ser otro: ¿en dónde? y ¿cómo?.
Para construir ese "club" debía cercarse y delimitarse una gran extensión del mentado Parque de las Victorias, que y como sabemos, oficia como uno de los pulmones verdes del sur.
Por otro lado, las obras no fueron consultadas con la comunidad de los vecinos que residen en las adyacencias (la mayoría de Lugano 1 y 2). Es decir que no se constató una debida "publicidad", elemento esencial en todo acto administrativo.
El amparo
Frente a este ostensible atropello al medio ambiente y a los derechos de los vecinos, se interpuso una acción de amparo que devino en una medida cautelar en favor de estos, la cual ordenó que las obras se paralicen.
Al momento de responder el Gobierno de la Ciudad, dijo que no hacía falta cumplir con dicha orden por que se retiraban de la obra en virtud de supuestas agresiones y actos vandalicos en el lugar, las cuales fueron denunciadas. Cabe aclarar que esa denuncia se archivó y no hay ningún culpable. Es decir y en otras palabras, el gobierno empezó una obra que no debía legalmente empezar y se retiraron denunciando algo que al día de hoy nadie pudo siquiera constatar.
Posteriormente entregaron documental la cual de su análisis se desprende que las obras encaradas por la empresa Tecymaq tenían un costo de 7 millones de pesos, de los cuales al no llevarse a cabo solo correspondio hacer un pago de poco más de un millón de pesos.
Si. Así como lo leés, aparte de todo el trastorno jurídico, de lo mal llevado de las actuaciones, y del tiempo invertido, hay un tema de malgaste de los recursos: el gobierno frente a su mal desempeño tuvo que abonar más de un millón de pesos (que pagamos todos los y las contribuyentes) por un obra que nunca se iba a poder realizar, aparte de, como veremos, nuestros honorarios.
Al haberse retirado la empresa constructora del predio fruto de la rescisión contractual y de haberse paralizado las obras mediando sendos actos administrativos, la petición en sede judicial "devino abstracta", es decir que se produjo una "sustracción de materia".
En otras palabras lo que los vecinos bien solicitaron, ya no tenía rigor judicial en virtud de este "retiro" del lugar por parte de la empresa constructora y el gobierno no generarían más los daños que se estaban provocando.
Puesta en valor del parque
No obstante todo, nosotros/as considerabamos (y seguimos considerando) propicio el marco para pedirle al gobierno que, ya que iba a realizar obras en el lugar, se ajustara a las propuestas que los vecinos tienen para hacer sobre el predio citado. Existen numerosas intervenciones propicias para poner en valor el lugar y darle un sentido comunitario en franco apego al plexo normativo.
El juzgado, a nuestra forma de ver de manera errada, entendió por el contrario que esa disquisición debe llevarse en otro ámbito "administrativo", aún cuando el Gobierno, al menos en este caso no lo hubiere utilizado.
El "reto" del juez al Poder Ejecutivo.
En uno de sus tramos resolutivos el Dr. López Alfonsín (juez que entendió en la causa) explicó que: "causas como la presente no deberían ser necesaris de iniciarse, si el GCBA llevara adelante mecanismos de consulta a los vecinos y cumpliera con la debida convocatoria a audiencia pública, en estos supuestos. Ello así por cuanto del desarrollo del proceso licitariorio evidenció un déficit de participación ciudadana que constituye uno de los pilares de la democracia constitucional porteña, que debió ser reparado en sede judicial con la convocatoria a audiencia pública".
Conclusiónes:
En resumidas cuentas podemos afirmar con verdad de ley que:
- El gobierno intentó llevar a cabo una obra violentando leyes y en consecuencia menoscabando los derechos de los vecinos de Lugano.
- Que dicho obrar en contrario imperio legal generó gastos para todos los contribuyentes para "indemnizar" a la empresa y pagar las cosas del juicio y nuestros honorarios.
- Que a pesar de todo al día de hoy el parque sigue sin tener las remodelaciones ni intervenciones apropiadas para que sea disfrutado por la comunidad.
- Y al día de hoy, el club de la Policía tampoco tiene un lugar donde emplazarse.
Sintesis:
En sintesis, y lo que resulta importante, los vecinos y vecinas recuperaron su espacio verde para disfrutarlo como la ley manda.
Esperamos verdaderamente, que no haga falta volver a presentar ningún otro recurso de amparo y que el gobierno escuche a la comunidad a la hora de tomar intervenciones sobre el mismo.
A su vez hacemos nos hacemos eco de nuestros mandantesy solicitamos a todas las autoridades que en ese lugar se lleven las obras necesarias para que la gente pueda disfrutar del lugar como corresponde.
El fallo completo:
Repliques periodisticos:
Comuna 8: http://www.comuna8.com.ar/parque-de-las-victorias-reves-judicial-para-el-gobierno-porteno/
Nueva Ciudad: https://www.nueva-ciudad.com.ar/notas/201806/37646-la-justicia-fallo-contra-el-gobierno-porteno-por-una-obra-en-lugano.html
Pura Ciudad: https://www.puraciudad.com.ar/villa-lugano-la-justicia-suspendio-obras-en-el-parque-de-las-victorias/
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