lunes, 26 de junio de 2017

Con 84 años, a trabajar.



Rafael Estecho, un abuelo de casi 85 años vivió toda su vida con su difunta concubina, en un hogar de propiedad de ella. Llevaban una vida feliz, y los últimos años de la vida de su mujer, enfermó y la cuido hasta el último día de vida.

 
Rafael todavía recuerda aquel día cada día de su vida, han pasado diez años de su falta, pero aun no puede subsanar su ausencia, se encuentra solo y desamparado, sus días se han vuelto sin sentido y con poca expectativa de vida. 

 
En su casa aun están sus fotos, sus pertenecías y todo lo que compartieron, siente que ella está aun con él, despertarse cada día, ver sus cosas en su hogar, como si nada hubiera pasado, hace que su ausencia no sea tan dura día tras día.

 
Por circunstancias que todavía no entiende bien, en el marco de un juicio civil intiman a Rafael a desalojar lo que es su casa de toda la vida.

 
Con casi 85 años, viudo y sin familia, cobrando la mínima jubilación, Rafael, con la ayuda de NACE UN DERECHO, inicia un amparo para que se protejan sus derechos fundamentales y se le garantice una vivienda digna los últimos años de su vida. Pide que no se lo condene a vivir en la calle.

 
Con buen criterio, la Justicia de la Ciudad Autónoma determina que el Gobierno de CABA debe garantizar el acceso a una vivienda en condiciones dignas a Rafael. Determina, además, que para tal cometido no puede hacerlo a través de la entrega de un simple subsidio o ubicando a Rafael en una pensión y hogar, sino que debe garantizar realmente el contenido del derecho a la vivienda digna en los términos de los tratados internacionales a los que suscribió nuestro país y según el art. 31 de la Constitución de la Ciudad Autónoma.

 
La resolución tiene vital importancia en que el Gobierno no puede deslindarse de la obligación mediante la entrega de un subsidio puesto que es confinar a nuestros abuelos a la calle. Es claro que alguien que cobra la mínima jubilación, está solo y tiene casi 85 años no puede salir al mercado a buscar un departamento donde vivir por sus propios medios, sin tener, incluso, una garantía con la que alquilar.

 
Lo llamativo es que la respuesta del Gobierno del PRO a tal requerimiento judicial (y de los derechos humanos) fue que “Se trata de un hombre que tiene donde vivir, y que no demuestra tener problemas severos de salud ni discapacidad de ningún tipo. No veo motivos para el inicio de la presente acción. En síntesis, No existe estado de vulnerabilidad que justifique la acción entablada. Asimismo, el accionante no presenta imposibilidad de trabajar”.

 
Tal respuesta que repugna a cualquier ciudadano, se enmarca en un contexto en donde el PRO ha pretendido eliminar jubilaciones, pensiones a personas con discapacidad, ampliar la edad jubilatoria, y ahora, que nuestros abuelos con casi 85 años de edad sigan trabajando.

 
Las viejas recetas neoliberales demandan a la inteligencia del PRO que nuestro abuelos trabajen hasta más no poder, que la jubilación sea realmente mínima y cuánto más tarde se jubilen nuestros abuelos mejor. Pero, pretender que con 85 años Rafael, o cualquier adulto mayor, esté obligado a trabajar para no vivir en la calle es realmente aberrante y denota lo peor de un Gobierno para ricos, sin sensibilidad social.

 
El GCBA afirma que una persona de 84 años de edad debe estar trabajando. SI OCHENTA Y CUATRO AÑOS. Impresiona que con tal impunidad el Gobierno del PRO pretenda que Rafael, además de su edad, soledad y vulnerabilidad se encuentre en estado terminal para solicitar una vivienda digna y se garanticen sus derechos humanos.

 
¿Es que acaso el GCBA no considera estado de vulnerabilidad que un adulto mayor, sin familia a la que recurrir, esté a punto de ser desalojado de su hogar de toda la vida y quede en situación de calle? ¿Ese es el destino que el PRO quiere para nuestros abuelos?
La insensibilidad con la que el Gobierno de la Ciudad trata a nuestros abuelos no es más que una de las tantas muestras de que gobierna para los que más tienen, que un abuelo que cobra la mínima jubilación posible no tiene derechos y con 85 años tiene que salir a trabajar, nuevamente, si no quiere vivir en la calle.

 
La decadencia de amor por el prójimo que demuestra el PRO no es otra evidencia de que ha venido a desordenar la vida de toda la sociedad y de los grupos que más necesitan del vecino para vivir dignamente, nuestros niños y abuelos.

 
No obstante, tal desamor por parte del Gobierno del PRO no encuentra más que Unidad Ciudadana para volver a tener esperanza y que nuestros abuelos vuelvan a tener sus derechos garantizados. Porque, donde hay una necesidad, NACE UN DERECHO.

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