sábado, 19 de octubre de 2019

EL GRAN BONETE DEL TERROR: ¿DÓNDE ESTÁ LA DIGNIDAD DE LOS AFILIADOS AL PAMI?

A raíz del caso de Enrique, mediante el cual estamos promoviendo una acción de amparo para obtener una prestación tan básica como esencial como lo es la provisión de bolsas de ileostomía (que tiene un costo de 9500 pesos mensuales, ni más ni menos), y frente a la desidia, la inacción, la falta de sensibilidad y sobre todo (lo que es más importante), la no entrega del insumo debidamente solicitado, es que la justicia federal nos ha dado la razón, teniendo que llegar hasta un punto critico: embargar al propio PAMI y denunciar penalmente a sus autoridades.

Como si eso fuera poco, y frente al delito de "desobediencia civil" hemos solicitado se inicien las acciones penales por la vía que corresponda contra sus autoridades. En ese orden de ideas, la justicia civil federal avaló nuestro pedido.

Quizás el texto y las pruebas documentales que exhibimos nos puedan generar miles de sensaciones e incluso muchas de ellas encontradas entre sí. La realidad de los hechos es que nosotros bregamos por una sola cosa, la dignidad de Enrique (no colocamos su DNI ni apellido para preservar su identidad).

No es posible que en pleno debate presidencial se nos diga en la cara que el PAMI funciona bien, y nosotros/as en paralelo, tengamos que embargar al Instituto para que un beneficiario se haga de los fondos y así poder adquirir la prestación que por derecho le corresponde.

Cuando hablamos de acciones y políticas de Estado en favor de nuestros adultos mayores, hablamos de casos como estos.

PRUEBA DOCUMENTAL: Te mostramos el intercambio judicial

1)Luego de dos denuncias de incumplimiento se vuelve a presentar el Instituto aduciendo que los insumos no se pudieron entregar por "errores administrativos". Tan increíble como real. No obstante vuelve a mentir al decir que los insumos "estaban esperando" por nuestro defendido.



2) Luego de hablar con la farmacia, con la seccional del PAMI, con la central, y con todos los involucrados, se nos vuelve a negar el insumo. Tétrico.

Frente a eso presentamos un escrito solicitando que se termine este "juego del gran bonete", se decrete el respectivo embargo preventivo y se inicien las acciones penales correspondiente por "desobediencia civil" ( art. 239 Codigo Penal)



3) La justicia civil y comercial federal (en donde tramitan los actuados) resolvió hacer lugar al pedido de embargo y recomendó el inicio de las acciones penales pertinentes.





No queremos ni más ni menos de lo que corresponde. Tampoco no es grato denunciar penalmente a funcionarios. Lo que necesitamos y queremos es que Enrique tenga una VIDA DIGNA, que por ley le corresponde.

Seguimos de cerca el tema.


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