jueves, 6 de abril de 2017

Violencia institucional

Aquí va un ejemplo de "Privación ilegitima de la libertad".

 

Claramente todos los ahí presentes, frente a un ultraje al derecho elemental como lo es LA LIBERTAD en una república nacida al amparo del plexo normativo liberal, por parte de tres civiles no identificados, tienen todo el aval de EJERCER EL DERECHO A LA LEGITIMA DEFENSA, sin cruzar claro el limite de la "riña" o las "lesiones".
VERGUENZA la ineptitud y la baja capacitación que reciben nuestras fuerzas de seguridad.
Con todo gusto nos ofrecemos a charlar con ellos sobre leyes, quizás así mejoren al menos un poco su pauperrimo despliegue.

 

Ante situaciones como estas podés realizar la denuncia en la Procuvin: https://www.mpf.gob.ar/procuvin/





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¿Nueve mil y pico o seis mil cuatrocientos cincuenta y tres?: pedimos por escrito a Presidencia de la Nación aclaratoria.

Como abogados venimos asesorando y acompañando a los jubilados en el ejercicio de sus genuinos derechos, porque son de verdad un sector social que merece todo nuestro respeto y apoyo a la hora de salir a peticionar por sus derechos.

 
Como sabemos, nosotros no tenemos ningún tipo de encono personal hacia la figura de nuestro Presidente, es más como profesionales debemos respetar la institucionalidad y la investidura.

 
Ahora bien, toda vez que, por un lado le pregunten al presidente ¿De cuánto es la jubilación mínima? Y este conteste “Nueve mil y pico”, tal como sucediera el pasado sábado 18 de marzo en el programa de Mirtha Legrand, y por el otro lado tanto en la normativa como en la boca de pago se les abona a los jubilados de la mínima la suma de SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES pesos, se nos generan las mismas dudas y preguntas que se le pueden generar a cualquiera.

 
Más allá de la confusión, entendida esta como un valor subjetivo, que pueda generar en cada uno de los ciudadanos, realmente estamos frente a un problema legal siempre que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a cargo del Lic. Emilio Basavilbaso, dependa funcional y políticamente en forma semidirecta de la Presidencia de la Nación al ser esta un organismo descentralizado bajo la órbita del Ministerio de Trabajo conforme al art. 1ero del Dto 2741/1991 .

 
Entonces, dado el planteo, ¿como es posible que una gacetilla pública del organismo revistado, en franca aplicación de la ley 26417 sea desmentida en forma categorica en contrario sensu por el mismo Presidente a todo el país en un programa televisivo?.
En consecuencia y aplicando el decreto 1172/03 (ya que todavía y a pesar de ser una promesa, no tenemos regulación formal sobre el acceso a la información pública a nivel nacional), solicitamos a Presidencia de la Nación en el día de la fecha que aclare lo antes posible, y a los estrictos efectos de no seguir generando confusión y cuestionamientos legales de gran asidero en y por parte de la ciudadanía, que nos ponga de manifiesto y sobre relieve cual es la cuantía exacta de la Jubilación Mínima.

 
Si el señor Basavilbaso está mal pagando las jubilaciones por debajo de dicho monto habrá que pensar en algún tipo de tipo penal como podría eventualmente llegar a ser la “administración fraudulenta”, y si se trata de un error y/o furcio del Sr. Presidente, deberá en consecuencia y expeditivamente rectificarse y tener desde ya el dato muy presente en la memoria, debido a que no se trata de algo menor y/o simple; de este dato primigenio y de base, tal como a todas luces es la cifra exacta de la jubilación mínima, necesariamente deben surgir en consecuencia todas las políticas públicas tendientes (y volviendo al primer párrafo) a mejorar la calidad de vida de nuestros adultos mayores en base al respeto y el apoyo que se merecen.

 
La jubilación, (todos lo sabemos pero nunca está de mas aclararlo) no es una dadiva, no es un regalo y mucho menos un “dato menor”, en un país serio hacer llegar al “Jubilo de la vida” con dignidad a su pueblo es una obligación mancomunada de todos. 

 


Comunicado sobre la problemática de los yerbateros

NACE UN DERECHO adhiere a los justos y legítimos reclamos de los productores misioneros de hoja verde (yerba mate).

 
Su situación es crítica, y se agrava con la marginalidad clandestina de los medios de comunicación en lo que hace a la visibilidad de la problemática. Mientras tanto, tomamos mate, y los elefantes detiene su marcha para mirarnos la espalda.

 
¿Cuál es el problema? 
El consumo interno y externo, es decir, las exportaciones, están a la baja. El consumo interno cayó rotundamente debido a los niveles de inflación, desempleo, precarización laboral. Las exportaciones disminuyeron por factores internos (políticas económicas y especulación empresaria) y externos (se perdió a Uruguay como uno de los principales compradores y cayeron las exportaciones a Medio Oriente (especialmente Líbano y Siria), debido a fuertes conflictos bélicos. Tampoco ello fue acompañado de una oportuna apertura comercial a nuevos mercados para la colocación del producto.
Como si ello fuera poco, la producción de materia prima aumentó, esto es, la planta de yerba mate, o sea, la hoja verde. Existe enorme cantidad de yerba mate canchada sin poder ser colocada en los mercados. Ello además, se exacerba por el bajo precio percibido por los pequeños agricultores por la hoja verde que, en la gran mayoría de los casos, son pagaderos a documentos a largo plazo. Lo que a ellos en definitiva se les abona son $4 por kilogramo, a sabiendas de que a nosotros nos venden el producto “comercializado” a $60 en los mercados. 

 
Y mientras tanto, tienen que vivir. Y “vivir sólo cuesta vida”. Un arduo trabajo el de producir la hoja verde, el cuál comienza desde tempranas horas del día hasta la puesta del sol, bajo un sol intenso y furioso, típico de la zona litoral. Con familias numerosas, mujeres, chicos y ancianos que, dependen de aquella producción, de su cosecha, y su venta y, claro por supuesto: de que se les pague justamente.

 
Desde NACE UN DERECHO queremos expresar adhesión y solidaridad a los reclamos justos y legítimos del sector yerbatero. Un reclamo que “en donde atiende Dios”, no llega. No se nos cuenta. No se nos informa. 

 
Estamos a disposición de cualquier ayuda que podamos brindar. FUERZA LITORAL, FUERZA MISIONES!.

domingo, 19 de marzo de 2017

Tarifazo: Nace un Derecho se presenta como querellante con el patrocinio letrado del Dr. Eduardo Barcesat

 
 
Parte del equipo en Comodoro Py
Como hemos explicitado en numerosas ocasiones con argumentos técnicos y legales, el denominado “tarifazo” en los servicios públicos esenciales a todas luces es inconstitucional y menoscaba profundamente los derechos de gran parte de la sociedad; es por este motivo y como abgados de a pie, del palo y del pueblo que seguimos continuando la lucha en Tribunales también.

 
En este marco desde el grupo Nace un Derecho y con el patrocinio letrado del especialista en Derecho Constitucional Dr. Eduardo Barcesat y de la Dra. Fernanda Muñoz impulsora de este espacio, se constituyó como parte querellante en el juzgado del Dr. Ariel Lijo contra el Ministro Aranguren y el titular del ENARGAS David Tezanos en el marco del denominado “Tarifazo”; la representación del Ministerio Público en este caso quedo a cargo del Dr. Marijuan.

 
Hemos contado también con la importantísima apoyatura técnica de especialistas del IESO (Instituto de Energía Scalabrini Ortiz) como el Ingeniero Andrés Repar y el Dr Marcos Rebasa, y la adhesión del Dr. Cholvis y el Instituto Sampay, el Dr. Anibal Filipini, la Dra. Marcela Colcerini, el Movimiento de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino, los “Comerciantes contra el Tarifazo”, la agrupación de abogados “La no me olvides”, Federico Bernal del Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo, la Multisectorial contra el Tarifazo y del Instituto de Estudio y Administración Local “IDEAL” de Quilmes, como así también del Movimiento de Autoconvocados de la Ciudad de Posadas. 

 
Los delitos imputados son los de “Incumplimiento de los deberes de funcionario público”, “Desobediencia Civil”, “Defraudación contra la administración pública por administración infiel”, todos en calidad de autor y participe necesario respectivamente.

 
La denuncia penal inicial tuvo su origen en la omisión de respuesta al denominado “IMPUGNAZO” realizado en las puertas del ENARGAS y Ministerio de Energía contra la convocatoria a la audiencia pública que se llevó finalmente a cabo viciada absolutamente de nulidad por desobedecer una sentencia de nuestro máximo tribunal (Fallo CEPIS) y privar a nosotros, los usuarios y consumidores, de la información veraz, adecuada, eficiente y comprensible conforme manda la Constitución Nacional (Art. 42) sobre la conformación del Precio del Gas en boca de pozo (PIST).
Dicha denuncia fue oportunamente ampliada y ratificada en los tribunales de Comodoro Py durante el mes de febrero de este año.

 
Luego, a raíz de un importante aporte informativo, tecnico y documental de los profesionales del IESO es que decidimos constituirnos como parte querellante y ampliar la denuncia al delito de defraudación a la administración pública por administración infiel.
 
 
¿ Y esto por que? - RESUMEN TÉCNICO.

A modo de sintesis, siendo que la cuestión es harto compleja y técnica, trataremos de simplificar:
 
1) En la documentación suministrada por el Ministerio de Energía podemos observar, por
Última foja de la querella incoada
un lado que en la estructura de subsidios presentados para justificar los aumentos de tarifa del sector incorporan la importación de Gasoil. ¿Y esto en que cambia?, sencillamente el GASOIL no pertenece a las fuentes de energía petrolifera, sino a las fuentes de energía electrica, es decir, que dicha importación la estamos solventando desde antaño al pagar las desorbitadas facturas del servicio electrico. En otras palabras para que mejor se pueda apreciar, estamos pagando DOS VECES la misma importación de Gasoil en dos servicios públicos esenciales: GAS Y ELECTRICIDAD. Lo que venimos explicando y colocando sobre relieve se encuentra contemplado en el Balance Energético Nacional, publicado por el propio Ministerio de energía.

 
2) Existe por otro lado un plan de estímulo (Resolución MinEN 74/2016) a las empresas productoras de inyección de gas natural. Dicho Plan tuvo su genesis en el año 2012 a los efectos de (y valga la redundancia) estimular la “actividad petrolifera” de la empresa estatal YPF, con vigencia desde entonces hasta el 2018. La resolución del actual Ministerio de Energía no solo que ratifica ese “Plan Estimulo” inicial sino que además, lo incluye dentro de la asignación presupuestaria correspondiente a la cartera ministerial. Sin embargo en la audiencia pública impugnada, en la documental acompañada, dicho “Plan Estimulo” se encuentra dentro de la estructura de “Subsidios” que justificaron el aumento de la tarifa del servicio de gas natural, es decir, en palabras mas simples, lo que ya se encontraba asignado a una partida presupuestaria del sector, lo vuelven a colocar como “subsidio” solventado por los usuarios y consumidores.

 
3) Los beneficiarios del Programa Estimulo de la Resolución MinEn 74/2016 al momento son absolutamente desconocidos por usuarios y consumidores; es decir estamos subsidiando la “inversión de productores de gas natural” que rotundamente desconocemos. No nos olvidemos que hace poco se dio a conocer el controvertido conflicto de interés en el cual se encuentra inmerso el Sr Aranguren, por ser accionista de una de las productoras del sector petrolifero mas grande del mundo.
4) Aumentan el precio estimulo el cual se determina en dolares (precio internacional), varía desde el 2015 al que finalmente se paga en 2016/2017 de manera considerable, sin verse alterado/ modificado los factores que justifican dicho “precio estimulo”. Es decir, esta variación se dio en un absoluto marco de desinformación e inducción al error de los balances de inversión y producción que obligatoriamente deben presentar las empresas beneficiarias de dicho programa.
Desde nuestra interpretación y como venimos manifestando desde hace meses, el único camino al que llevan las directrices politicas denunciadas frente a la justicia federal es la destrucción y el colapso de la industria nacional del sector petrolifero.

 
Entonces, y para entender mejor: ¿Es casual que por primera vez en 20 años un balance de YPF reporte pérdidas?, ¿Es normal, habitual y no existe ningún tipo de conflicto de intereses toda vez que el sector público enérgetico sea manejado por el ex director con participación accionaria de Shell?.
 

El tarifazo a todas luces es inconstitucional, como abgados de a pie, del palo y del pueblo continuamos la lucha en la Justicia también.

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