Oficina Anticorrupción: un organismo caro que no funciona

Hoy vamos a ocuparnos seriamente de lo que debería ser un bastión para la castigada ética pública pero que con el derrotero twittero devino en un bunker partidario “que sale a bancar todas, en las buenas y en las malas mucha más”.

Esta oficina, que formalmente se llama “Secretaría de Etica Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción” depende del Poder Ejecutivo y se emplaza organicamente bajo la orbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Esto a priori nos dice que debería ser un organismo proclive y colaboracionista del Poder Judicial en la investigación de las causas de corrupción en la que se vean involucrados funcionarios públicos de todo orden. 

Se crea el 10 de diciembre de 1999 por ley formal (N° 25233) tras un acuerdo parlamentario en la transición gubernamental que ubicó a De la Rua como presidente.

A los 13 dias el ex primer mandatario reglamenta dicha ley bajo el decreto 102/99 en consonancia con la Convencion Interamericana contra la Corrupción que en el marco de la OEA se estableció a partir de 1996. Del mencionado decreto se puede decir en pocas lineas que deja una directriz específica a la Oficina Anticorrupción para que reciba denuncias e inicie investigaciones administrativas de oficio como así también de constituirse como querellante en las causas de corrupción.

Sobre este marco normativo existieron algunas modificaciones, y se fueron sumando otras normativas, pero podríamos decir que hacia finales de los años noventa, ante tanto desfalco e impunidad comenzaron a aparecer los primeros instrumentos jurídicos que bregaban por la lucha contra la corrupción.

¿Como estamos hoy, eh?

Al dia de hoy tenemos como titular de este organismo a la Licenciada en Ciencias Politicas Laura Alonso, la cual llega al mismo mediante la modificación del mentado decreto 102/99, por parte del 226/2015 que suprimió en su art. 7 el requisito de ser abogado para serlo. Digamos que en lugar de acomodar la persona a la normativa se cambio directamente a esta ultima, en una suerte de sastre jurídico.

Esto si bien no es justamente “etico”, podriamos afirmar que es legal ya que se encuentra emplazado normativamente dentro del marco discrecional de la administración, aunque de forma exacerbada y con un tratamiento express.

Ahora bien lo importante aquí es que como deciamos tenemos instrumentos juridicos que se fueron gestando durante mucho tiempo los cuales deberían ser potenciados, mejorados y perfeccionados de manera continua y permanente en el tiempo, dandole mas transparencia y recursos tanto a los funcionarios involucrados como al despliegue institucional.

Remarcamos el “debería” ya que antinomicamente tenemos cosas como estas:

Ante la investigación que involucró al presidente de todos los argentinos en el escandalo mundial “Panama Papers”, lo que mas se debería alentar es al esclarecimiento de los acontecimientos, que tienen en vilo no solo a la situación juridica del primer mandatario sino de todo el pais. En este marco cada dicho, cada manifestación pública y cada aseveración debe tener un marco de responsabilidad elocuente y debe ser el propio Macri quien dé (como oportuna y atinadamente ya lo hiciere hace unos dias) las explicaciones pertinentes.

Ahora bien, la oficina anticorrupción que tendría que ser un resorte esclarecedor y un irrigador de claridad tiene como titular a una persona que inefablemente publica lo siguiente:

Por regla general toda manifestación irracional, apurada, sin argumentos y sin sostén juridico termina teniendo el efecto adverso al deseado y buscado. 

Volvemos a poner de manifiesto que a nuestro entender la Srta Alonso no solo no estaba preparada academicamente sino que también ha demostrado con un sin fin de actitutes no estar a la altura de las circunstancias para luchar contra la corrupción de nuestro pais.

Denostar por “Twitter” de manera impulsiva una situación seria y preocupante, que requiere sin lugar a dudas de un analisis comprometido, no permite otra cosa que hacernos pensar en que la Oficina Anticorrupción no está funcionando como debería, por lo que todo lo que está escrito en cuanto a su creación y funcionamiento es “cotillón jurídico” de seguir manteniendose esta línea.