En el marco de las impugnaciones presentadas en sede administrativa (conocidas como el #impugnazo) a las diferentes empresas de servicios públicos esenciales, estamos recibiendo las primeras respuestas oficiales por parte de las empresas.
Para el caso se trata de la distribuidora de Gas metropolitana, “Metrogas”, que a la presentación realizada por un usuario de la comuna 15, acompañada por el asesoramiento de la colega Dra. María Fernanda Muñoz, respondió lo siguiente:
“Tengo el agrado de dirigirme a Usted con relación a la nota descripta en el epigrafe. Al respecto, le informo que debido a las circunstancias que son de dominio público, aún no contamos con elementos que permitan precisarle si la última liquidación por Ud.reclamada, sufrirá o no modificaciones por las resoluciones que en breve será remitidas por la Autoridad Regulatoria o por el Poder Judicial de la Nación, razón por la que le solicitamos aguardar la emisión de las mismas para volver sobre el particular en el caso que Ud. lo considere pertinente”
Resulta inadmisible que a esta altura del partido ni las empresas ni la gente sepan que hacer con las facturas.
Entendemos desde “Nace un Derecho” que por un lado pagar sumas exorbitantes, irrazonables e inconstitucionales no parece ser la solución adecuada, ya que como siempre decimos, este cuadro cercena, menoscaba y vulnera “DIRECTAMENTE” derechos amparados por la Constitución Nacional.
Por otra parte, comprendemos que “si nadie paga nada”, el sistema energético y de recursos naturales se torna absolutamente insustentable para todo el conjunto de la sociedad.
Esta laguna jurídica en la cual nos encontramos sumergidos como país, fue siempre puesta de manifiesto entre tantos actores sociales por este espacio juvenil de abogados y como prueba bastó llevar adelante un genuino empoderamiento popular mediante el #impugnazo en sede administrativa, que no es otra cosa que trasladar las linéas petreas de las leyes y los libros, a la acción concreta en la realidad cotidiana por parte del ciudadano de a pie.
Dicha incertidumbre jurídica es ratificada ahora por una de las empresas y las preguntas que surgen en consecuencia son:
1) ¿Hasta cuando sera plausible este marco de inseguridad jurídica?.
2) ¿No resulta razonable, barajar y dar de nuevo, proponiendo un nuevo cuadro tarifario razonable, al amparo de la Constitución y debidamente informado?.
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