A raíz de un amparo de
incidencia colectiva promovido por la asesoría tutelar número dos de la Ciudad de Buenos Aires, e
impulsado por otros colectivos relevantes como el gremio docente UTE y asociaciones civiles de
renombre como ACIJ y Observatorio del Derecho
a la Ciudad, y frente a la falta de políticas públicas activas en materia de educación por parte del poder ejecutivo porteño, el juzgado n° 2 del fuero Contencioso y Tributario de la
Ciudad de Buenos Aires, a cargo del Dr. Roberto Gallardo, dispuso medidas inéditas
tendientes a garantizar el acceso a la educación en forma automática a
estudiantes de barrios vulnerabilizados como así también aquellos que puedan
acreditar la imposibilidad de acceso aún no viviendo en estos, mediante el
suministro de dispositivos electrónicos (computadoras portátiles) y de
conectividad a internet por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Al día de hoy cientos
de chicos y chicas, en el marco de la pandemia, no están teniendo un adecuado,
igualitario y solvente acceso a las clases virtuales, modalidad implementada a
la sazón del ineludible aislamiento social preventivo y obligatorio, lo que coloca
por un lado en ostensible infracción a la cartera de educación porteña, principal obligada
a garantizar los derechos de formación escolar en el distrito, como así también en un incorrecto pie de desigualdad a niños, niñas y adolescentes.
Asimismo y de manera
novedosa se puso en crisis un planteo más que interesante para los tiempos que
corren: "¿es el acceso a internet un derecho?".
Para discutir y
profundizar sobre el tema tuvimos una charla con el Dr. Jonathan Baldiviezo,
titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad y le realizamos las siguientes
preguntas.
¿Que ordenó la
justicia en el marco del amparo que tú asociación promovió?
El juez Gallardo dictó
el día 8 de junio una medida cautelar, ordenando al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la realización de
distintas medidas tendientes a garantizar la continuidad pedagógica de los
alumnos en los establecimientos educativos de gestión estatal, es decir las
escuelas públicas. Entre esas medidas, se deben garantizar los dispositivos
necesarios para que los estudiantes puedan conectarse a las plataformas
educativas a través de internet, como así también la provisión de computadoras,
tablets o notebooks a cada uno de ellos/as, toda vez que se encuentren en
situación de vulnerabilidad social. La medida caracteriza en forma automática a
toda aquella persona residente en villas o barrios populares y/o que reciba un
programa social o beca. Las personas que no cumplan con estos requisitos,
podrán acceder de todas formas acreditando debidamente la causa concreta de
vulnerabilidad social en el expediente para acceder a estos insumos.
Por otra parte, se compulsó al Gobierno de la Ciudad, que informe debidamente cuales son los centros de mantenimiento
autorizados para las eventuales reparaciones.
El otro elemento
novedoso, es que se ordenó el acceso a internet "comunitario" dentro
de villas y barrios populares, tales como los que se brindan en plazas o
parques.
Se incorpora además la
característica de "barrio de emergencia", por lo que se amplia el
universo de "villa o barrio popular", en aquellos casos donde existan
declaraciones taxativas por parte de la legislatura, tal como lo que
acontece en el Barrio de La Boca, que al día de hoy se encuentra declarada en emergencia
ambiental y urbanística, o en los complejos habitacionales con problemas de
infraestructura.
¿Por qué marca un hito en torno al derecho al acceso a internet?
Es histórica por la
envergadura y por la temática que trata. Primero es una resolución que está
protegiendo los derechos de decenas de miles de estudiantes del ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires. En segundo lugar pone en discusión una cuestión
central, en esta etapa de la civilización, como lo es el acceso a un medio de
comunicación, imprescindible en la vida actual, tal como lo es
"internet", donde no solo se pone en juego el acceso a la educación,
sino que "internet" en los tiempos pre pandémicos ya era necesario para
garantizar el derecho a la búsqueda de información, al de libertad de expresión,
al de generar interacciones sociales, y en este contexto de pandemia, se suma
al haberse interrumpido las clases presenciales, al de educarse bajo la
modalidad "a distancia", a continuar esa realidad pedagógica. No
debemos olvidar, del derecho a "peticionar frente a las autoridades",
ya que muchas veces los tramites se realizan de manera virtual inexorablemente,
incluidas las tramitaciones para solicitar atención para la salud. En resumidas
cuentas, resulta ser un hito el hecho de reconocer al "acceso a internet como un derecho", ya que como se demuestra, hace las veces de
puerta de entrada a otros derechos.
¿Esperan que el gobierno efectivamente instrumente la medida? Tiene los
recursos para hacerlo?
El gobierno de la
Ciudad tiene los recursos para hacerlo sin lugar a dudas. Vale decir que en el
año 2010 lanzó el programa "Sarmiento", mediante el cual asumió el
compromiso de entregar un dispositivo por estudiante con acceso a internet
desde el hogar. Luego en el año 2017 cambió la modalidad, ya que pasó de suministrarselas
directamente a los alumnos, para entregarlas a las escuelas, garantizando
internet en las mismas, pero ya no en los hogares, concentrando los servicios
en aquellas. Esta nueva modalidad, a todas luces perjudicó notablemente la
implementación en esta etapa de la cuarentena de la educación a distancia.
Claramente si hubiera sostenido el programa "Sarmiento" tal cual
estaba diseñado en sus orígenes, hoy no tendríamos tan desarrollado este problema como lo tenemos en la
actualidad, donde el gobierno no puede garantizar el
acceso a las clases a distancia de la totalidad de la curricula.
En relación a la
actitud del gobierno de la Ciudad, ustedes como Nace un Derecho, conocen bien
las actitudes del Gobierno de la Ciudad, y en las causas de litigio durante
esta pandemia no las han cambiado. Procesalmente han tomado dos medidas, por un
lado la apelación, aunque la misma no suspende la manda de la medida cautelar
de ningún modo y en segundo lugar la "recusación" de los jueces que
fallan en su contra, las cuales han sido palmariamente rechazadas por las cámaras
revisoras. En rigor no tenemos buenas experiencias en torno al cumplimiento de
medidas cautelares por parte del Poder Ejecutivo, y seguramente se comience
toda una discusión procesal donde el gobierno intente demostrar la suficiencia
de su despliegue mediante excusas con poco asidero y desde nuestra parte
nos esforzaremos en demostrar lo que ostensiblemente es, es decir, exactamente lo contrario.
En qué le cambia la vida a un chico o chica de un barrio vulnerabilizado el
acceso a estás herramientas?
Cambia radicalmente la
vida de toda una familia entera. Actualmente se vislumbran dramáticas
situaciones, dónde una madre tiene que estar desde su celular con la tarea de 4 ó 5 de sus hijos/as, durante horas. En otras ocasiones, existe una computadora
pero debe ser utilizada por alguno de los mayores para el trabajo a distancia,
generando desfasajes en los horarios e incluso conflictos intrafamiliares. A su
vez los/as estudiantes pierden mucho de su tiempo y concentración. En síntesis
el acceso a estas herramientas garantizan oportunidades de igualdad al acceso a
la educación.
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Tiempo
Argentino: La Ciudad
deberá dar internet a las villas y entregar computadoras a estudiantes que las
necesiten
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