Entendemos que debemos respaldar proyectos
parlamentarios que tiendan a reducir el impacto exorbitante e insostenible que
representan hoy los cuadros tarifarios altamente cuestionados por la sociedad en su conjunto.
Pero, además como venimos argumentando desde el año 2016 a
través de diversas denuncias e impugnaciones;
estos incrementos desmesurados
son inviables jurídicamente en
tanto;
Estamos frente a servicios que no tienen
competencia toda vez, que son servicios monopólicos “naturales” por lo que se
debe proteger al usuario con todas las garantías, que no signifique una amenaza
a su patrimonio y existencia vital.-
Se debe cumplir con el ordenamiento legal,
preliminarmente con el art 42 de la
Constitución Nacional dado que, es un Servicio Público esencial de prestación
Obligatoria.
Por cuanto, no es un contrato sinalagmático sino,
una relación de consumo dado que hay un
visible sujeto pasible de protección y,
este sujeto es el consumidor máxime, si ese consumidor representa el colectivo más
vulnerable como lo es, el de Adultos mayores y pensionados. En tanto, el
mismo art. 42 de nuestra carta fundamental expresa que se debe controlar al
mercado de sus distorsiones.
A raíz,de la notoria y trascendental desprotección
que trasmite el Gobierno actual a los usuarios frente a las exorbitantes sumas que
implican los inflacionarios incrementos. Entendemos vital avalar esta acción
legislativa porque el Proyecto de Ley presentado complementaría el accionar de
esta entidad en miras a encarar la vía de la legalidad que se infringe
cotidianamente desde el Gobierno.
Más, aún cuando los sujetos transgredidos refieren
a quienes menos detentación y capacidad de organización poseen para soslayar
los incrementos desmesurados. A tal, fin convocamos a todxs y cada una de las
Asociaciones a que se manifiesten y promuevan este Proyecto de Ley a favor de
los derechos de todxs y cada uno de nosotros como usuarixs de los Servicios
Públicos esenciales.
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