Particularmente analizamos la comprometida y delicada situación de los pequeños comerciantes que “no saben que inventar” y que ya están bajando sus persianas por no poder afrontar tal intempestivo incremento en los costos fijos debido a que no están contemplados ni siquiera mencionados en todo este ordenamiento legal que dispone dichas alzas.
En la reunión hablamos de diferentes perspectivas y de caminos a tomar tanto en lo social como en lo jurídico.
En nuestro análisis si bien es una cuestión muy técnica, tratamos de ejemplificar y trabajar sobre una idea central:
“EL AUMENTO INTEMPESTIVO E INDISCRIMINADO DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO CERCENA EL DERECHO A TRABAJAR Y DE EJERCER TODA INDUSTRIA LICITA A UN GRAN SECTOR DE LA SOCIEDAD COMO LO ES EL QUE COMPONEN LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS COMERCIANTES”.
Contamos a su vez con la presencia del Titular de ADDUC, el Dr. Osvaldo Bassano quién también ilustro a los asistentes sobre la lucha que se viene llevando a cabo desde la perspectiva de los usuarios y consumidores contra este embate empresarial sin precedentes que, si colocamos de relieve la normativa que autoriza tal confiscación, no parece ser el único antes de que termine el año en curso.
legítimo como lo es el acto administrativo de alcance general configurado como la resolución 1/2016 del ENRE, el cual, mediando su estricta aplicación sin ponderar modificaciones o directamente su nulidad, impone de manera IRRACIONAL y NO FUNDADA DEBIDAMENTE un cuadro tarifario que hace disparar el monto de las tarifas contenidas durante diez años (y veinte controles semestrales) de una sola vez, exigiendo obligatoriamente erogaciones muy superiores al 33% de los ingresos brutos, entonces estamos en presencia del no cumplimiento del principio de “no confiscatoriedad” y frente a un claro menoscabo al derecho de trabajar y de ejercer toda industria licita a miles de comerciantes en el radio del AMBA. A nuestro entender, este cuadro de situación, torna inconstitucional el mentado instrumento reglamentario.
¿Por que hablamos de confiscación?. Por una sencilla razón: Si en virtud de un obrar
legítimo como lo es el acto administrativo de alcance general configurado como la resolución 1/2016 del ENRE, el cual, mediando su estricta aplicación sin ponderar modificaciones o directamente su nulidad, impone de manera IRRACIONAL y NO FUNDADA DEBIDAMENTE un cuadro tarifario que hace disparar el monto de las tarifas contenidas durante diez años (y veinte controles semestrales) de una sola vez, exigiendo obligatoriamente erogaciones muy superiores al 33% de los ingresos brutos, entonces estamos en presencia del no cumplimiento del principio de “no confiscatoriedad” y frente a un claro menoscabo al derecho de trabajar y de ejercer toda industria licita a miles de comerciantes en el radio del AMBA. A nuestro entender, este cuadro de situación, torna inconstitucional el mentado instrumento reglamentario.
En síntesis, si estamos en presencia de un acto irracional, no fundado
debidamente, que menoscaba derechos constitucionales a personas que no
tienen el deber de afrontar este “sacrificio especial” y que dañan
directamente ya no solo su capacidad patrimonial sino la de seguir como
hasta ahora normalmente con sus vidas, entonces nos encontramos frente a
un despliegue ilegitimo de la administración susceptible de ser
revisado en la esfera judicial.
Seguramente vayamos teniendo mas noticias con este tema, agradecemos a todos por el aguante, por las palabras de aliento, por la difusión, por incitarnos a seguir buscando un poquito de justicia ante tanta mentira junta y por las expresiones sociales que se van configurando en este sendero de seguir comprometiendonos con lo justo.
En este último sentido compartimos este grupo que se formó en la red social Facebook: https://www.facebook.com/Comerciant...
Vamos. Tiene que ser justicia.
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