En ejercicio del Derecho al acceso a la información pública, frente a los dichos de la máxima autoridad del Poder Ejecutivo
en la materia y en consonancia con lo prescripto en el decreto 1172/03 y en los arts. 42 y 43 de la Constitución Nacional es que solicitamos que esta información
se brinde en tiempo, forma y en un lenguaje eficaz, adecuado y comprensible.
Lo que el ENRE nos responda, y como siempre hacemos con los pedidos de informes,
lo publicaremos en las redes sociales a los efectos de que el ciudadano de a
pie tenga la posibilidad de acceder a esta información oficial sin mayores
intermediaciones, dilaciones, interpretaciones y/o cualquier otra acción
distorsiva.
Estamos convencidos de las falencias legales de todo este entramado
normativo conocido como “tarifazo”, por eso sabemos que las respuestas no serán
otras que la confirmación de nuestra hipótesis, la que se traduce en un franco,
directo y certero menoscabo a nuestro bloque constitucional.
Volvemos a repetir con la firmeza legal y la convicción de siempre de
que el “tarifazo” no solamente no cumple con requisitos de forma, como lo es la
“convocatoria a audiencias públicas”, sino que también es tachado por ser
irrazonable (falta de adecuada relación entre fines y medios) y por cercenar
derechos fundamentales del mentado bloque constitucional, tales como a la vida
digna, a la salud, a trabajar, a ejercer toda industria licita, entre otros.
Los abogados del pueblo no somos neutrales, por eso nos sumamos al lado
de la gente, en sede judicial, administrativa, en la calle y en cualquier lugar
donde haga falta.
TIENE QUE SER JUSTICIA.
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